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El presidente del PP y candidato por esa formación a las elecciones del 20-N ha vuelto a evitar desvelar sus propuestas programáticas en la reunión que, en la mañana del sábado, mantuvo con cerca de 2.000 afiliados y simpatizantes del PP en Salamanca.

Mariano Rajoy, en su peculiar forma de desarrollar su programa de acciones para el gobierno de España ha manifestado textualmente que realizará “una política económica como Dios manda”, lo que ha tranquilizado enormemente a la Iglesia y a los miembros mas ortodoxos de su feligresía.

Respecto de otros aspectos de su gestión de gobierno, el presidente del PP ha roto su tradicional opacidad de gallego para manifestar con toda claridad que será “valiente”.

Si todavía quiere saber más sobre el programa del PP, puede leerlo aquí

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JOAQUÍN ESTEFANÍA 10/10/2011

Se multiplican las reuniones bilaterales o multilaterales de los principales líderes mundiales y los jefes de los organismos internacionales para tratar de dar contenidos concretos a la próxima cumbre del G-20 en Cannes, en noviembre, y que no resulte un nuevo fiasco, como las tres anteriores. El centro de atención de los mandatarios es móvil, conforme cambia la naturaleza del problema principal de cada momento; ahora, tres años después, lo más urgente que hay que resolver ya no es la previsible suspensión de pagos de Grecia, sino la sanidad del sistema financiero privado -consecuencia en parte de la primera- con otra tanda de recapitalizaciones (una forma de decir, en un lenguaje políticamente correcto, de nacionalizaciones y socialización de pérdidas).

El empleo debe ser uno de los objetivos centrales de las cumbres del G-20

Salvar bancos es un problema instrumental, no finalista. Se trata nada menos que de consolidar los ahorros de sus clientes para que no se genere un pánico bancario como el de la quiebra de Lehman Brothers, y que fluya el crédito para que funcione la economía con normalidad. Pero desde que comenzó la Gran Recesión la principal secuela que ha dejado en el mundo es el aumento del paro, el subempleo y el desaliento de mucha gente que se está quedando atrás en la distribución de la renta, la riqueza y el bienestar. Los movimientos de los indignados, todavía incipientes, indican que se está pasando de una fase de ansiedad y miedo a otra de cólera entre quienes están, a la vez, “superpreparados y superdesempleados”, como declaraba uno de los participantes en Ocupa Wall Street. Los mandatarios del G-20 han de estar atentos a su pérdida de legitimidad entre muchos ciudadanos que se sienten frustrados por un sistema político que no les acoge y al que crecientemente califican de fallido, corrupto, indiferente e irresponsable. Obama decía que “la protesta genera frustración”. Ello significa hablar de democracia y no solo de economía.

En la reunión que hace unos días tuvieron los ministros de Trabajo del G-20 se presentó un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), hoy ambas dirigidas por dos latinoamericanos. En él se hacía un recorrido por el mapa del paro en el mundo y se manifestaban algunas tendencias preocupantes: 200 millones de desempleados, de los cuales 30 se han generado en estos años de crisis; 1.200 millones (el 40% de la fuerza laboral en el mundo) de trabajadores vulnerables por las condiciones en que laboran o por los escasos emolumentos que cobran; incremento del paro de larga duración y expulsión de los que lo padecen del sistema de protección del seguro de desempleo en los países en que existe. Y lo más significativo: el paro de los menores de 24 años dobla el porcentaje general: 80 millones de jóvenes no tienen puesto de trabajo y 150 millones (el 28% del total) trabajan, pero permanecen en la pobreza, dado lo ridículo de sus emolumentos. La OIT y la OCDE daban la alarma sobre una “generación perdida”.

Si los jóvenes no trabajan se descapitalizan las sociedades a las que pertenecen: se pierde la inversión en educación que se ha hecho a lo largo de décadas, los Estados no perciben los aportes necesarios para mantener un sistema de Seguridad Social basado en el esquema de la solidaridad intergeneracional y, a sensu contrario, tienen que aumentar el gasto público en servicios de apoyo a los perjudicados por no trabajar.

El objetivo político consiste en generar esos 30 millones de puestos de trabajo perdidos en la crisis, más los 170 millones anteriores a la misma, más los imprescindibles para dar un lugar en el sistema de producción y en la sociedad inclusiva a los millones de jóvenes que todos los años se incorporan al mercado de trabajo. Ello, si se quiere evitar una mayor deslegitimación política y que la crisis económica devenga en una crisis social, de imprevisibles consecuencias. La prioridad debe ser incorporar el empleo y su calidad a los objetivos centrales de las cumbres del G-20 y a los estatutos de los bancos centrales. Ello dará la medida de la voluntad política para atajar el problema central de las democracias y evitar esa década perdida que comienza a parecer irremediable.

CARLOS E. CUÉ – Madrid – 08/10/2011

 
Mariano Rajoy es un hombre tan pragmático que casi nunca hace nada que no sea estrictamente necesario para sus fines, en este caso la victoria electoral. Sus principales asesores, entre ellos el más importante, Pedro Arriola, están convencidos de que el PP no necesita en este momento dar mensajes nítidos y llenar el espacio político con propuestas suyas. Así que el líder, al contrario de lo que prometió hace un par de meses, cuando se convocó este cónclave, ha decidido hacer algo inédito: una convención programática en la que no se presenta el programa, que no está ni estará hasta finales de mes.
No es que Baudilio Tomé, su redactor, no haya llegado a tiempo. Es que Rajoy ha decidido posponerlo todo lo posible, porque no quiere que el debate se centre ahora en sus compromisos -entre ellos temas polémicos como aborto o matrimonio homosexual, y muchos otros-. Además hay otros motivos, dicen en su entorno: la situación económica es tan cambiante que es mejor esperar antes de hacer promesas.

La convención, vaciada por tanto de contenido muy definido, se ha convertido así en una especie de enorme plató de televisión, donde pasan uno detrás de otro todos los dirigentes que son algo en el PP -los que gobiernan- o los que aspiran a serlo en el próximo Gobierno de Rajoy.

Elogios al líder

Una especie de interminable aplausómetro -el extremeño José Antonio Monago se llevó sin duda el premio con su tono mitinero- en el que algunos plantearon debates concretos y reflexiones, aunque la mayoría de los 37 dirigentes que intervinieron lanzaron mítines y soflamas contra el PSOE y piropos y muestras de adhesión al líder y al partido. Tan lejos llegó Dolores de Cospedal en sus flores a Rajoy que Ramón Luis Valcárcel ironizó: “Yo no tengo que hacerle la pelota a nadie porque no voy en las listas”. Cospedal tampoco, pero ese asunto, el de las listas, era el que centraba los corrillos -se da por seguro que Alberto Ruiz-Gallardón estará en la de Madrid- y no las difusas propuestas del PP.

Y todo, a mes y medio de las elecciones, en una situación económica catastrófica y con un evidente interés por saber qué tipo de cuestiones plantea el partido que según todas las encuestas va a gobernar España. Los dirigentes más cercanos al líder señalaban que lo importante es su discurso de hoy, que sí contendrá propuestas, ideas, un esbozo de proyecto político.

Si el cónclave no tuvo mucho contenido en público, sí lo tuvo en privado. Todos los presidentes autonómicos se acercaron a Rajoy para explicarle sus problemas financieros y decirle que no pueden hacer sus presupuestos porque no saben con cuánto dinero contarán en 2012. Esto es, le pidieron ayuda cuando gane, y que haga inmediatamente el decreto para modificar los Presupuestos. “No conocemos nuestro suelo de ingresos” porque depende de los Presupuestos del Estado, le explicaron. Rajoy, según varios de ellos, no se comprometió a nada. Cristóbal Montoro les pidió que sean “prudentes”, esto es, que no comprometan muchos gastos porque no habrá mucho dinero.

La expectación de esta convención es máxima con el PP a punto de alcanzar el poder. Hay hasta 29 embajadores. Era llamativo encontrarse al embajador francés o al de Israel escuchando distraídos una sucesión de mítines y críticas al Gobierno de Zapatero. El PP, que preconiza la transparencia, no ha informado del coste de la convención. La de Sevilla, dice, costó unos 190.000 euros. Y eso excluyendo el gasto principal: transporte y alojamiento.

El PP promete condenar a cadena perpétua

Aunque sobre el papel la propuesta parece financieramente razonable, los números son claramente contrarios a los intereses de los ciudadanos
El Banco de España quiere que las entidades financieras dejen de utilizar el euríbor a 12 meses como principal referencia hipotecaria y propone un índice vinculado al precio del dinero a medio plazo. El objetivo es “reducir la dependencia de nuestro sistema respecto a los tipos de interés interbancarios a un año”.
 
Miguel Ángel Fernández Ordónez

Miguel Ángel Fernández Ordónez . – Pablo Moreno

 

Pablo M. Simón – Madrid – 06/10/2011 – 10:23

El supervisor quiere que la banca diversifique y utilice referencias de deuda a medio plazo y no solo de corto plazo para fijar el precio de las hipotecas. El euríbor a 12 meses -el tipo de interés medio al que los principales bancos de la zona euro se prestan el dinero a un año- es el índice más empleado para fijar el precio de las hipotecas. El 82% de los nuevos préstamos para comprar una casa en España lo utilizan.

Así, el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez se valdrá de la circular sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela para promover cambios en las referencias que utilizan las entidades financieras para fijar el precio de las hipotecas. Las entidades podrán utilizar en breve el interest rate swap a cinco años, que refleja el coste del dinero a ese plazo sin prima de riesgo. La entrada en vigor de la nueva norma es inminente.

El Banco de España asegura que el objetivo es “reducir la dependencia de nuestro sistema respecto a los tipos de interés interbancarios a un año”. El interest rate swap a cinco años se situaba ayer en el 1,95%, por debajo del euríbor a 12 meses, en el 2,083%, aunque no es habitual que esto sea así. Por ejemplo, el pasado abril el swap se situaba en el 3,2%, mientras que el euríbor a un año rondaba el 2%. Lo lógico es que, en condiciones normales, el tipo de interés de la deuda a largo plazo sea superior.

Fuentes financieras reconocen que esta decisión es de sentido común. En otros países, como Estados Unidos, la mayor parte de las hipotecas está vinculada a la deuda a medio o largo plazo. Tiene lógica, porque por regla general las hipotecas son a un plazo muy superior a un año. En España de 21 a 22 años, según el INE.

Los actuales titulares de hipotecas referenciadas al euríbor no tienen que temer. Se mantendrá como índice oficial y los préstamos hipotecarios ya constituidos seguirán referenciados a él, a menos que la entidad negocie su modificación con el cliente. A partir de ahora, será potestad de las entidades utilizar el nuevo índice en los créditos de nueva constitución.

Además, el mercado interbancario no funciona correctamente desde el estallido de la crisis crediticia en 2007 y, especialmente, desde la quiebra de Lehman Brothers. Los bancos desconfían unos de otros y elevaron el precio que cobraban por prestar liquidez a sus colegas. La tensión llegó a su punto álgido en febrero de 2008, cuando el euríbor a 12 meses superó el 5,5%.

El BCE tomó cartas en el asunto y comenzó a inyectar liquidez en la banca a medio y largo plazo con la misión de aliviar la tensión. El organismo que todavía preside Jean-Claude Trichet realizaba hasta entonces subastas semanales pero el nulo funcionamiento del mercado interbancario obligó a ampliar los plazos de los préstamos a tres y seis meses y hasta a un año.

Cuatro años después, la situación continúa siendo muy inestable. El BCE se ha visto obligado a mantener las subastas -de hecho, hoy ha anunciado inyecciones de liquidez a 12 meses– y el interbancario no funciona correctamente. “La liquidez del mercado está bajo mínimos, las cámaras de contrapartida, como LCH.Clearnet y Eurex Repo, se han convertido en la fórmula en la que las entidades podemos obtener liquidez a corto plazo”, explican desde el departamento de Tesorería de una entidad.

Problemas adicionales

“No tiene sentido que se siga utilizando el euríbor a un año cuando este índice no es representativo, tiene toda la lógica que el Banco de España quiera que las entidades financieras tiendan a casar el precio que cobran por las hipotecas con el coste de su pasivo”, añaden fuentes financieras.

La introducción del nuevo índice de referencia no es la única novedad de la circular, también suprime el carácter oficial de los índices de préstamos hipotecarios de bancos, de cajas de ahorros y el indicador CECA. La norma señala que estos tres seguirán publicándose al menos durante un año, para que pueda realizarse la eventual renegociación de las cláusulas de los préstamos hipotecarios que los contemplen.

El sector está preocupado por cómo y con qué índice se van a sustituir los que se suprimen. “Para cambiar un tipo por otro que no esté en el contrato del préstamo se tendría que hacer por una norma de mayor rango que una simple circular del Banco de España”, explican fuentes de las entidades.

M. GONZÁLEZ / R. M. RITUERTO – MADRID / BRUSELAS – 06/10/2011

 
La base naval de Rota (Cádiz) albergará el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN, según anunció ayer en Bruselas el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Como adelantó EL PAÍS en su edición digital, EE UU desplegará en España cuatro buques, 1.200 militares y 100 civiles que formarán parte del nuevo sistema de defensa frente a los misiles balísticos de países como Irán o Corea del Norte.

Zapatero, que compareció por la tarde en la sede de la Alianza Atlántica junto al secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, y el secretario de Defensa de EE UU, Leon Panetta, subrayó que se trata de un sistema “disuasorio, que no va dirigido contra nadie” y que “asegura la protección de todo el territorio europeo y de sus ciudadanos”. Para justificar su despliegue en España, aludió a su “posición geoestratégica, como puerta de entrada al Mediterráneo”. Según Zapatero, también se integrará en el sistema de mando y control del escudo antimisiles el nuevo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN (CAOC) en la base de Torrejón (Madrid).

EE UU no ha especificado qué buques desplegará en Rota, pero ha anticipado que irán dotados con el sistema de combate Aegis. La Navy cuenta con 18 barcos de guerra equipados con la última versión del Aegis, especialmente diseñada para la defensa contra misiles balísiticos (BMD): 15 destructores Arleigh Burke y tres cruceros Ticonderoga, ambos con unas 9.500 toneladas y en torno a 350 tripulantes.

Los cuatro buques adscritos al escudo antimisiles -que llegarán a Rota en 2013 y 2014- serán los primeros de la Armada estadounidense que tengan su base permanente en España, ya que los que hacen escala en Rota y otros puertos están basados en Italia. El Gobierno confía en que su aprovisionamiento y mantenimiento genere 150 empleos directos y casi 800 indirectos en la bahía de Cádiz. Aunque la Armada española tiene cuatro fragatas F-100 dotadas también con el sistema Aegis, no está previsto que por ahora se integren en el dispositivo aliado.

El acuerdo con Washington supone un cambio sustancial del papel que desempeña Rota en la defensa aliada. Sin embargo, el Gobierno considera que no es necesario modificar el convenio bilateral de defensa con EE UU, que data de 1988 y fue enmendado en 2002. Las fuentes consultadas alegan que los militares estadounidenses destinados en España suponen actualmente en torno al 30% de lo previsto en el convenio -4.750 con carácter permanente y 2.285 temporales-, por lo que hay margen suficiente para un incremento sustancial sin que se supere el tope máximo. Algunos expertos advierten, no obstante, de que el convenio no solo fija techo de efectivos, sino que también detalla las unidades de EE UU autorizadas en España con carácter permanente, por lo que el cambio debería ser aprobado por el Parlamento.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas el despliegue en Rota del componente naval del escudo antimisiles, al tiempo que autoriza el inicio de las negociaciones para firmar un acuerdo bilateral que fije sus condiciones. Esta paradoja -aprobar algo que aún está por negociar- responde a las exigencias del Pentágono, que necesita la autorización previa de España para recabar los fondos que prevé invertir en Rota en 2012. Eso explica también por qué Zapatero no ha dejado la decisión en manos del próximo Gobierno.

Consciente, sin embargo, de que será al Ejecutivo salido de las urnas del 20 de noviembre el que aplique el acuerdo -e incluso culmine la negociación- Zapatero ha informado al líder del PP, Mariano Rajoy. El coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, aseguró ayer que su partido “valora la importancia” del acuerdo y pidió a Zapatero que explique su “alcance y contenido”.

Aunque las Cortes ya están disueltas, Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pidieron ayer la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Congreso para que comparezca la ministra de Defensa, Carme Chacón. Fuentes del ministerio indicaron que, una vez firmado el acuerdo con EE UU, “el Gobierno tiene intención de informar al Congreso”.

Zapatero, que viajó por sorpresa a Bruselas, aprovechó la reunión que ayer y hoy celebran en la sede de la OTAN los ministros de Defensa, quienes debaten cómo alcanzar las capacidades acordadas en la Cumbre de Lisboa de noviembre pasado. Una de estas capacidades es, precisamente, el sistema de defensa antimisiles, en el que ya se han comprometido a participar Polonia y Rumanía (con la instalación en su territorio de una base de misiles balísticos Standard SM-3): y Turquía (que albergarán radares AN TPY-2). Además, Holanda ha ofrecido los radares instalados en sus propias fragatas y Francia podría contribuir con sensores y satélites.

El proyecto tropieza con el recelo de Rusia, que no acaba de creer que vaya dirigido contra Teherán o Pyongyang y teme que la OTAN quiera socavar su capacidad de disuasión. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, pidió el pasado día 27 ante la Asamblea General de la ONU “garantías legales sólidas” de que el escudo antimisiles “no saboteará las bases de la estabilidad estratégica”.

Los nuevos directivos de la caja nacionalizada intentarán deshacer los contratos – Méndez, ‘ex número uno’, también se fue con una pensión millonaria

 

Í. DE BARRÓN / M. FERNÁNDEZ – Madrid / Vigo – 04/10/2011

 

 
El cambio de ejecutivos en las cajas de ahorros está desvelando algunas escandalosas indemnizaciones por despido, sobre todo porque se trata de entidades que han tenido que ser rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos. El escándalo de las millonarias cifras que recibieron los ejecutivos de la Caja Mediterráneo (CAM), también intervenida, se repite en Novacaixagalicia, cuyo banco filial ha recibido una inyección de capital de 2.465 millones del Estado, que controla el 93,16%.

Ante la llegada de José María Castellano y César González-Bueno, como nuevo presidente y consejero delegado, el anterior equipo ejecutivo pidió su prejubilación. Entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta el fallecimiento del ejecutivo, la entidad ha destinado 23,6 millones para hacer frente a la salida de tres altos ejecutivos.

Así, a José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, le ha correspondido una indemnización de 10,8 millones por prejubilarse a los 54 años; al exresponsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. A este último directivo le correspondían 10 millones, pero según fuentes próximas a Paredes, renunció a 4,7 millones porque le parecía una cantidad excesiva.

Otras fuentes apuntan que Paredes tenía derecho a recibir 12 millones. Estos ejecutivos han pedido todo el dinero en un pago, incluyendo lo que les correspondía por el fondo de pensiones.

Otro responsable, el ex director general adjunto de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, ha percibido 700.000 euros como indemnización, pero además cobrará mensualmente una pensión vitalicia. Se desconoce el coste total que supondrá para la entidad. Estos ejecutivos pueden trabajar en otras empresas.

Pero las indemnizaciones no acaban aquí. Hace un año también abandonó Caixa Galicia José Luis Méndez, el que fuera director general desde 1981 hasta 2010, nada más y nada menos que 29 años. Méndez tuvo que dejar la caja porque el Banco de España no le permitió continuar en la gestión de la entidad fusionada con Caixanova, ya que le hacía responsable de la delicada situación de Caixa Galicia. Se desconoce la indemnización exacta de Méndez, pero fuentes próximas a la entidad comentan que su indemnización es millonaria.

Méndez, que sigue como presidente de la Fundación Caixa Galicia, tiene además derecho a coche, chófer y seguridad privada que también paga la caja gallega. Dos de sus hijos, Yago y José Luis, estaban colocados en la caja como altos ejecutivos y también han abandonado la entidad.

Comisiones Obreras preguntó en el consejo de administración de la caja, celebrado el viernes pasado, por el coste de las indemnizaciones de los altos directivos. La respuesta fue que eran “cuestiones privadas” y no se facilitó la cantidad. UGT y CIG también han insistido en esta cuestión, sin obtener respuesta.

La nueva dirección, que no tiene blindajes en sus contratos, estudia jurídicamente si es posible retrotraer los contratos de estos ejecutivos. Ante el malestar generado, la dirección ratificó la validez de su estrategia, que cuenta con el apoyo del Banco de España. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al igual que en la CAM, investigará los detalles jurídicos de los acuerdos firmados justo antes de la intervención.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas creen muy difícil que devuelvan las cantidades percibidas ya que se ajustarán a contratos aprobados por la comisión de retribuciones y serán legales.

La independencia de la radiotelevisión pública, uno de los logros más indiscutibles del periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero, está padeciendo una preocupante erosión por la incapacidad de los dos partidos mayoritarios, socialista y popular, para acordar el sustituto de Alberto Oliart al frente de la corporación. La interinidad se ha pretendido resolver mediante la rotación de la presidencia ejecutiva entre la docena de consejeros nombrados por el Parlamento. Hubiera sido una fórmula útil para un breve espacio de tiempo y para una situación en la que no estuvieran pendientes decisiones estratégicas, tanto presupuestarias como relativas a la programación, además de unas elecciones generales. Pero mantener la rotación durante varios meses constituye un síntoma inquietante sobre los propósitos que albergan las fuerzas políticas, en particular el PP, cuyos dirigentes han puesto injustificadamente en entredicho la imparcialidad de RTVE.

El reciente intento de controlar el trabajo de los periodistas y profesionales del medio por parte del Consejo procedió de uno de sus miembros a propuesta del Partido Popular, Rosario López Miralles, quien ejercerá a partir de esta semana la presidencia. López Miralles será relevada, a su vez, por otro consejero también a propuesta del PP. El discurso de moderación que pretende exhibir Rajoy pierde credibilidad si se toma en consideración que su renuencia a pactar un nombre con los socialistas podría estar vinculada a la situación de hecho en RTVE. No es seguro que si el turno de la presidencia rotatoria correspondiese a los consejeros nombrados a propuesta de los socialistas, el PP mostrara tanta displicencia. Tampoco se entiende que ni el Gobierno ni el candidato socialista, Pérez Rubalcaba, hayan mostrado mayor beligerancia para defender una de sus mejores herencias.

El futuro de la radiotelevisión pública no puede quedar excluido de los programas electorales. El Partido Socialista tendría que dejar claro si se ha arrepentido de la regulación que promovió, como estarían sugiriendo las abstenciones y silencios de sus representantes en el Consejo. En cuanto al Partido Popular, los pasos que está dando y dejando de dar apuntarían a que es demasiado poderosa en sus filas la tentación de retomar el control gubernamental de RTVE. Se trataría de una decisión coherente con lo que hace en las autonomías donde gobierna.